La Sección Sindical de la Confederación General del Trabajo en la Junta de Castilla y León en Segovia, solicitó el pasado 28 de abril, mediante diversos escritos ayuda a la administración regional en su Delegación de Segovia para los trabajadores que forman parte de las plantillas de las residencias que la Gerencia de Servicios Sociales tiene en la capital. A fecha del presente escrito, no solo no se ha producido la ayuda solicitada, sino que las circunstancias de los trabajadores del sector socio sanitario ha empeorado, con las diversas noticias que se han ido conociendo.
Desde el comienzo de la pandemia en la región, hemos conocido que la Junta de Castilla y León invirtió al menos 10.8 millones de euros en la adquisición de productos de protección individual para sus trabajadores en contacto directo con el virus covid-19, según distintas informaciones que se han ido publicando y que la propia Consejera ha certificado, estos productos aunque contaban con el sello CE, que es preceptiva en todo producto que se comercializa en la unión Europea y que es sello de garantía de cumplimiento de las directivas de nuevo enfoque, siendo estas aquellas que aseguran que todos aquellos productos que se comercializan dentro de la Unión Europea, bien sea de fabricantes de la propia unión o de terceros países, deben de cumplir los requisitos esenciales de seguridad, que hacen que dicho producto sea no solo seguro para el usuario, sino que le proporcione la protección adecuada frente al riesgo para el cual fue diseñado, no estaban correctamente homologados y no protegían frente al riesgo del virus covi-19.
Estos equipos de protección adquiridos por la no desdeñable cantidad de 10.8 millones de euros de tod@s los castellan@s y leoneses, en lo que venían equipos homologados y otros que no lo estaban, hace que ese dinero haya sido destinado no a la seguridad y salud de los trabajadores, sino al enriquecimiento de una sociedad de origen desconocido y cuya integridad es más que dudosa, pues no ha tenido reparo alguno en poner en riesgo la salud de profesionales de la Junta de Castilla y León.
Por ello, pedimos desde la sección sindical de CGT en la Junta de Castilla y León en Segovia, que ahora más que nunca, es necesario contar con la ayuda necesaria a los profesionales socio-sanitarios, la ayuda psicológica ante el miedo de haber utilizado dichas prendas y el poder estar contagiado o estar contagiando, así como el asesoramiento por técnicos de los servicios de prevención, para que obtengan la suficiente seguridad a los profesionales que los equipos de protección de los cual hacen uso, son los adecuados frente al riesgo al que están expuestos, que les indiquen como colocárselos, como usarlos, como limpiarlos, como protegerse de una manera adecuada, tal y como se estable en la normativa. Ya se indicó que ambas medidas no tienen coste alguno para la administración y aun así, después de dos semanas, no se ha hecho nada en ambos sentidos, por eso y por otras cosas se empiezan a producir las primeras bajas laborales por factores psicosociales en el trabajo (estrés, ansiedad y demás factores incluidos en este ámbito de la prevención).
Desde la Sección Sindical, también tenemos constancia, de que no son pocos los trabajadores de residencias que se están realizando test de forma privada, con el conveniente costo económico para sus bolsillos, obteniendo resultados diferentes a los obtenidos a las realizadas en su residencia o centro de trabajo, lo que pone en duda los realizados por la administración regional, pues un día el resultado es positivo y al otro negativo o viceversa y ante el temor del riesgo de contagiar a los familiares y la lenta respuesta de la administración frente a esta y otras necesidades, optan por pagarse y recurrir a test empresas privadas.
Por último, frente a la estafa que ha sufrido la administración regional con la adquisición de los equipos de protección individual en el mercado asiático, solicitamos encarecidamente, que los medios jurídicos, a los que tantas veces nos enfrentemos para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la administración, se pongan a trabajar de forma incansable para que esta empresa asiática, no solo devuelva con creces los 10.8 millones de euros, sino que responda de los daños que se hayan podido producir a los profesionales socio- sanitarios de la región. Sabemos que será un proceso de años y ante la Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero si una cosa solicitamos, es que devuelvan ese dinero a las arcas de la administración regional y subsanen a los profesionales que se han visto afectados por dicha situación.
Desde aquí queremos poner el énfasis y nuestro más sincero agradecimiento en aquellas personas que diariamente trabajan contra viento y marea frente al virus, anteponiendo el trabajo y el servicio a los usuarios (personas mayores de las residencias) a su propia seguridad, cosa que las administraciones públicas de la región, deberían de ser más que garantes de la salud y seguridad de sus trabajadores.
