Ana, y su pareja, Javier, cumplen ya tres días de la Huelga de Hambre que iniciaron el pasado sábado en los locales de la sede de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid.
Ana tenía todo preparado para incorporarse el 1º de mayo, a su puesto de trabajo, del que había sido apartada por el Sacyl durante siete meses.
Sin embargo, un Burofáx , firmado por el director gerente de Atención Especializada Valladolid-Oeste, Alfonso J. Montero Moreno, le comunica que no lo haga ya que «desde el día 01/05/2014 pasará a la situación de excedencia voluntaria».
Ana, cumplirá el próximo mes de junio 31 años en el hospital universitario Río Hortega, donde desempeña funciones de cocinera. En todo ese tiempo nunca había tenido un apercibimiento o sanción hasta que en septiembre de 2011 se le abrió un expediente informativo tras denunciar en el Juzgado de lo Penal, con otros tres compañeros, la realización de unos cursos que no habían sido impartidos.
En el expediente sancionador, entre otras cuestiones, se dice que Ana había inducido a sus compañeros a que no se apuntaran a los cursos de cocina que de forma precipitada convocaron ese año para cubrir las apariencias y justificar las irregularidades de los cursos ’virtuales’, no realizados en 2010.
Al final, se imponen cinco sanciones a Ana: tres de un mes y dos de dos meses.
Sanción que cumple entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de abril de 2014.
El Sacyl, no satisfecho con las represalias ejercidas, da un paso más y comunica ahora el despido «de facto» a Ana, amparándose en la pérdida de puesto de trabajo por haber excedido en seis meses de duración la sanción. Argumento falso, porque a Ana no se le ha impuesto ninguna sanción de seis meses, sino dos de dos meses y tres de un mes.
«Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid creemos que estamos ante un caso claro de represalias hacia una trabajadora en la forma más cruel que se puede hacer en la actual situación social en la que vivimos: el despido», dice un comunicado distribuido en las concentraciones a las puertas del Ecyl.
«El compañero de Ana María», añade la citada Plataforma, «está en paro, su salario es el único ingreso de la familia y la pérdida de su puesto de trabajo es arrojarles a la miseriapor una única razón: esta trabajadora actuó con dignidad y con responsabilidad social denunciando indicios claros de corruptelas en su hospital».La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid afirma: «No podemos permitir que los corruptos estén gozando de libertad y privilegios y las personas que denuncian este cáncer que sufre nuestra sociedad sean represaliadas».
El director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Eduardo Enrique García Prieto -que era director gerente del Río Hortega cuando los hechos denunciados- y el director de Gestión del citado centro, Miguel Ángel Sánchez Asenjo, fueron llamados por el Juzgado de Instrucción número 1 para declarar como imputados, como presuntos autores de «delito de falsificación de documentos, usurpación de personalidad, apropiación indebida y, en su caso, como posibles autores de un delito de cohecho de los artículos 419 y siguientes del Código Penal».Y aunque quedó acreditado que los cursos no habían sido impartidos y sí pagados, además de falsificadas las firmas de los trabajadores, etc., la denuncia ha sido archivada.
Ante tamaña injusticia, Ana y su compañero Javi llevan 3 días en huelga de hambre, que es a lo que el SACYL les condena, tras su injusta sanción.
- Encierro Ana y Javier foto 1
- Encierro Ana y Javier foto 2
- Encierro Ana y Javier foto 3
- Encierro Ana y Javier foto 4
