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Durante la negociación del III ERE en Telefónica, a los sindicatos que finalmente lo firmaron (UGT, CCOO, STC-UTS), se les llenó la boca diciendo que no iba a suponer coste alguno para el Estado. Sin embargo, tras el cambio de Gobierno sigue pendiente el desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que obliga a empresas como Telefónica a correr durante dos años con el desembolso de las prestaciones por desempleo y las cotizaciones sociales, de todas y cada una de las personas acogidas a este expediente de regulación de empleo, autorizado por la administración anterior.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha reclamado en el Comité Intercentros de Telefónica, que ese importe -de entre 2.718.000 y 3.494.575 euros cada mes, sólo en prestaciones contributivas- si no es utilizado en beneficio de la sociedad, al menos se traduzca en la creación de empleo, que es otra forma de generar riqueza en un país sacudido por las especulaciones financieras, y gobernado realmente por instancias y personajes ajenos.

Lamentablemente, las organizaciones sindicales avalistas del ERE, mayoría en ese comité, han hecho oídos sordos a una propuesta que ni debe ni puede estar sujeta a sectarismos o siglas. Pensar sólo en primera persona deja sin futuro a nuestra descendencia y a la suya. ¿Eso es lo que aceptan estos sindicatos?

En un momento histórico importante con más de cinco millones de personas en paro, los hijos e hijas de todas y de todos reclaman acciones solidarias y compromisos reales de aquellas empresas que generan notables beneficios a pesar de la crisis con la que, machaconamente, desde la casta privilegiada, se sigue castigando e incluso culpando a quienes tienen la condición más humilde y desprotegida.

El Estado y especialmente el Gobierno tienen su cuota de responsabilidad, pero al Partido Popular le es más sencillo imponer, a partir de febrero, un incremento del IRPF que exigir a Telefónica que pague lo que por ley le corresponde. El esfuerzo o es solidario o se convierte en un acto autoritario.

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