Solicita sus nombres, domicilios y certificado en caso de muerte.
La petición se extiende a responsables de las Fuerzas de Seguridad.
Argentina investiga los crímenes del franquismo a instancias de particulares.
La juez federal argentina María Servini de Cubría ha pedido a España información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista en el marco de una investigación contra crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas según fuentes judiciales, informa Efe. La demanda está auspiciada bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.
Concretamente, el exhorto judicial solicita los nombres y domicilios de los ministros, mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española durante el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977 además del certificado correspondiente en caso de fallecimiento.
También se requiere información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo.
Un largo proceso
La misma juez archivó en un primer momento esta actuación de acuerdo a un dictamen de la Fiscalía que defendía que estos crímenes han sido o son investigados por la justicia española. No obstante, la Cámara Federal estimó nula esta decisión en septiembre de 2010 tras las demandas presentadas ante los tribunales de Buenos Aires.
Entre ellas, están las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Posteriormente, la demanda fue ampliada con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.
Estos familiares han contado con el apoyo de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980.
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