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La sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso de súplica presentado por la organización ecologista Greenpeace contra el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre el procedimiento sobre la selección de municipios candidatos a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de combustible gastado y alta actividad.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia ordena al ministerio que dirige Miguel Sebastián que "complete el expediente administrativo" pidiendo concretamente que entregue los documentos de proyecto técnico del ATC, el estudio de seguridad del ATC, el proyecto técnico del centro tecnológico asociado al ATC para experimentación de residuos y radiactividad, el estudio de seguridad del centro tecnológico y los informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo.

Sin embargo, el auto considera que "no procede" solicitar el complemento en relación con el resto de los documentos solicitados también por Greenpeace.

El tribunal señala que la asociación alega que el expediente remitido por Industria consta de ocho documentos sobre cuestiones normativas y de procedimiento "sin que figure ni un solo documento en el que se pueda conocer las condiciones concretas" del ATC y su centro asociado que considera "determinantes" para saber si la resolución se ajusta a derecho.

Además, señala que "se vulnera en todo el procedimiento" el derecho de participación e información con el objetivo de conocer el "verdadero alcance" de la resolución recurrida y la negativa a cumplimentar el expediente administrativo "la sitúa en una situación de indefensión" al quedar limitado su derecho de defensa.

De este modo, para Greenpeace estos informes son "clave" para conocer las condiciones del ATC y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del abogado del Estado, "se negaba a presentar". Así, denuncia la "actitud secretista y obstruccionista" del departamento de Sebastián que considera una "demostración patente de la falta de transparencia del proceso del cementerio nuclear".

A ESPALDAS DE LOS CIUDADANOS

"El proceso se ha caracterizado por la ausencia de mecanismos de participación pública previos al inicio del proceso, por la actuación a espaldas de los ciudadanos y por la búsqueda de candidatos negociada en secreto", asegura Greenpeace.

Con esta argumentación, la organización advierte de que el procedimiento puede considerarse "ilegal" porque vulnera "claramente" los principios jurídicos contenidos en el Convenio Aarhaus de junio de 1998, ratificado por España en 2004 y en vigor desde 2005.

De este modo, explica que a finales de febrero interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional al que se sumó Ecologistas en Acción para impugnar la resolución de diciembre que daba inicio al proceso de búsqueda de candidatos para ubicar el ATC.

Posteriormente, el 23 de marzo la Audiencia Nacional emplazó a estas organizaciones que formularan una demanda en el plazo de 20 días. Fue entonces cuando Greenpeace planteó un recurso de súplica para recabar varios informes entre otros documentos para poder disponer de la "información relevante" sobre el ATC y centro tecnológico asociado.

"Nadie, ni siquiera los alcaldes de los pueblos que se han postulado como candidatos a albergar el cementerio nuclear, ni los parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado, o de los parlamentos autonómicos, han podido ver estos documentos antes de que el Ministerio de Industria pusiera en marcha el proceso del ATC. A juicio de Greenpeace, es una demostración clara de la vulneración del Convenio Aarhaus por parte del Ministerio de Industria", afirma Greenpeace.

Finalmente, el responsable de la campaña de energía de la organización, Carlos Bravo, pide al Gobierno y al PP que acuerden la paralización del proceso del silo nuclear ante el rotundo rechazo social, territorial y político suscitado" en torno a este proyecto.

Fuente: Europa Press

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