Nota informativa GRAVES RIESGOS LABORALES EN MEDIO AMBIENTE

Nota informativa

GRAVES RIESGOS LABORALES EN MEDIO AMBIENTE

Mientras el Ministerio de Trabajo le indica a las Inspecciones de Trabajo que vigilen y sancionen, con una nueva campaña lanzada en abril, los riesgos psicosociales en las empresas, y se muestra en algunas ocasiones como una herramienta efectiva en la lucha contra los fraudes laborales en el sector privado, cuando son responsables políticos o funcionarios designados libremente por ellos los que causan los atropellos, las inspecciones se ponen de perfil. Y es que desde que entre los días 7 y 8 de febrero de 2018 se demostró en una evaluación global de Riesgos Psicosociales, solicitada por los delegados de Seguridad y Salud de CGT, las graves deficiencias relativas a riesgos sobre la salud de los trabajadores y graves problemas relacionados con la violencia interna, nada se ha hecho al respecto hasta ahora.

Entre las medidas exigidas por la Inspección se apunta que “no se deben tolerar situaciones de violencia psicológica en el Servicio Territorial de Medio Ambiente” y se apunta que “los órganos competentes no han actuado para dar cumplimiento en integridad al protocolo sobre violencia en el trabajo y no se exigen las oportunas responsabilidades cuando quedan acreditadas dichas situaciones”. Se da el caso de que en este servicio se produjo una grave situación de acoso laboral contra un empleado público que fue reconocida en los tribunales y que este hecho se siguió produciendo a través de una denuncia “supuestamente” anónima que dio lugar a la apertura de un expediente disciplinario contra él y que fue paralizada en los tribunales. Finalmente dicho funcionario tuvo que abandonar el servicio hasta el punto de buscarse un hueco en un Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.

Desde el 2018, pasa más de un año y medio sin que por parte de la Administración se haga nada al respecto y se la emplaza a través de los Delegados de Prevención a tener una entrevista con un técnico del servicio de Prevención y el Secretario Técnico del Servicio Territorial, hecho que tiene lugar el 7 de octubre de 2019.

En dicha entrevista se constata la reiteración de deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales por la falta de adopción de medidas por parte de la entidad titular y finalmente se produce una visita de la Inspección de Trabajo el 10 de diciembre.

La Inspección de Trabajo emite una propuesta de requerimiento provisional el 5 de junio de 2020 y tras el plazo legal de admisión de alegaciones, remite el requerimiento definitivo, con referencia 9/0003799/20, el 18 de agosto de ese año. Dicho documento, que expresa con rotundidad la necesidad de erradicar los riesgos psicosociales que parte de la plantilla de ese servicio lleva sufriendo durante años, es de absoluto conocimiento de la propia Delegación Territorial y de la Consejería de Medio Ambiente.

En abril de este año y, de nuevo, a petición del sindicato CGT se produjo una reunión entre los delegados de seguridad y salud y responsables de la Administración donde quedó patente que nada había hecho la Junta para solucionar ninguno de los problemas.

Consideramos que los hechos son muy graves, como así lo detectó y resolvió la propia Inspección de Trabajo, y el tiempo transcurrido y la falta de respuestas ante la inacción no puede responder más que a la mala fe. La Inspección Provincial de Trabajo en Burgos se muestra débil y pacata ante los problemas que ponen en peligro la salud del personal del sector público. ¿Acaso para proteger a los responsables políticos y a las camarillas funcionariales entorno a ellos?