28 de Abril por la Seguridad y Salud en el trabajo y por la correcta aplicación de los Coeficientes Reductores

Este 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Poco hay que celebrar si atendemos a lo ocurrido durante los últimos meses, y por ello CGT se ha concentrado a las 12:00 horas frente a las oficinas de la Inspección de Trabajo de Valladolid, en la Plaza de España.

La pandemia ha dejado al descubierto las enormes carencias existentes en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo. La precariedad laboral, una vez más, ha sido el detonante de numerosos daños a la salud y a la vida de miles de trabajadores y trabajadoras.

Personal sanitario que se ha visto obligado a realizar sus funciones sin equipos de protección individual, hospitales llenos de trabajadores y trabajadoras procedentes de supermercados, call centers o servicios de reparto a domicilio, entre otras muchísimas profesiones, y centros de trabajo saturados, que no han cumplido las más elementales medidas higiénicas y de distancia de seguridad.

Por otra parte, las autoridades han considerado que la COVID no era un riesgo laboral. Esto ha propiciado que las empresas “se laven las manos” cuando, en realidad, en la mayoría de los casos, la gente se contagiaba en los centros de trabajo o en el transporte, también saturado.

Por otra parte, la promulgación de diversos Reales Decretos para ordenar este caos tampoco ha sido efectiva. Cuando se planteó el cierre de todo lo que no fueran actividades esenciales para la comunidad, fueron los empresarios quienes decidieron finalmente qué era esencial y qué no.

Porque la inspección de trabajo se declaró incompetente a la hora de cerrar los centros de trabajo que no cumplieran con dicha normativa y, finalmente, las Consejerías de Sanidad, en quienes recaía dicha responsabilidad, tampoco actuaron. Eran las fechas en que se superaba el millar de muertos diario.

Porque se ha antepuesto la economía a la vida de las personas. Todo el sistema estaba orientado hacia eso y no han bastado las directrices del Ministerio de Sanidad o las normas promulgadas para alterar dicha lógica, que llevaba ya demasiado tiempo instaurada en la organización del trabajo de la mayoría de las empresas de este país. Por eso la pandemia nos ha cogido a contrapié. Porque nada o casi nada de lo que imperaba en la cultura preventiva de este país funcionaba antes.

Este año no contamos con cifras fidedignas que nos ayuden a analizar el aumento de la siniestralidad laboral. La Covid no entrará en los registros porque no se ha considerado un riesgo laboral. Sin embargo, para todas aquellas personas que no han podido trabajar desde sus domicilios, sí que ha sido un riesgo al que se han expuesto por causa y con motivo del trabajo.

Debemos trabajar para cambiar esa cultura en la que el dinero está por encima de la vida de las personas. Integrar la prevención dentro de la actividad laboral, que no sea simplemente un requisito para “tener la documentación en regla”, para esquivar la acción inspectora y ahorrarse unas sanciones que, en demasiadas ocasiones, ni tan siquiera son propuestas, contrariamente a lo expresado en la normativa en vigor, que indica que la inspección de trabajo debe proponer sanción siempre que se menoscabe la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Debemos trabajar para que la prevención de riesgos se convierta en un conjunto de medidas reales y efectivas -reales y efectivas, repetimos, no papel mojado- para proteger la seguridad y salud de las personas.

COEFICIENTES REDUCTORES:

En la última legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprueba el Real Decreto 1698/2011, estableciendo los criterios para la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación. En este Real Decreto se determina el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, teniendo en cuenta la siniestralidad en el sector, morbilidad, mortalidad, penosidad, turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.

Este Real Decreto se aplicará a las personas por cuenta ajena y por cuenta propia incluidas en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. Establece los requisitos que deben cumplir los trabajadores y trabajadoras para que se les apliquen los coeficientes reductores. El inicio del procedimiento, su tramitación y quiénes pueden solicitar su aplicación. Y qué Administraciones y Organismos son los encargados de hacer los estudios y desarrollar la tramitación de las solicitudes.

Tras nueve años de abandono de las instituciones y de la mayoría de los partidos políticos, el Decreto no se ha desarrollado, impidiendo de hecho la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación en trabajos con riesgos a los que tampoco quieren poner remedio. Este Real Decreto se aprueba pocos días antes del final de la última legislatura de Rodríguez Zapatero, a la que sigue un gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, quien deja la aplicación del Real Decreto en vía muerta.

Desde 2011 se presentan en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), que es el organismo que debe realizar los estudios previos, cerca de una treintena de solicitudes de diferentes sectores. Desde la fecha de entrega de la solicitud, éstas se encuentran en un estado de “eterno estudio”.

El gobierno hace dejación de su responsabilidad y obligación de hacer cumplir la ley al no dotar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de recursos suficientes, tanto humanos como económicos, motivo por el cual las resoluciones de estas solicitudes se demoran en el tiempo hasta el día de hoy.

Hay que resaltar que el Real Decreto está en vía muerta para la mayoría de los sectores solicitantes, pero también hay que destacar que “casualmente” a principios del año 2019 se promulgo el Real Decreto que otorgaba el coeficiente reductor del 0,2 % al colectivo de policías locales. Evidentemente la única conclusión que podemos sacar de esto es que el Gobierno sólo atiende las peticiones que le interesan, dejando en el olvido a la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, quienes dejan su salud y su vida para el crecimiento económico y social del Estado español. En definitiva, entendemos que el Gobierno debe de llevar a cabo tres importantes movimientos:

Primero: Dotar a la DGOSS de recursos económicos y humanos suficientes para que se realicen los estudios necesarios para la aplicación de los coeficientes reductores según los sectores solicitados y se dé traslado al Congreso de los resultados para que se aprueben los Reales Decretos, aplicando los coeficientes que resulten de los estudios.

Segundo: Incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado la partida económica necesaria para afrontar las jubilaciones que se produzcan. Así mismo, debe realizar los estudios económicos necesarios para financiar las futuras pensiones que resulten de estas jubilaciones.