Como reza el título de la presente nota de prensa, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dirigida por D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, ha vuelto a dar una nueva vuelta de tuerca en su política medioambiental del despropósito, siendo la última y más sonada la venta de vehículos para “desguace” que no fue tal, pues estos se vendieron a precio de mercado con pingües beneficios para quien se hiciera con ellos o la aplicación de la Ley de Caza de Castilla y León siendo tumbada en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y teniendo que modificarla.
Que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tiene sus fallos tod@s lo conocemos, que estos “fallos” son cada vez si cabe más garrafales y van en detrimento del servicio y la dignidad del emplead@ público, quizás no es tan conocido. El artículo 103 de la constitución es claro en este aspecto “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. Pues esta Consejería está cada vez más apartada de este precepto y cada vez defiende menos de forma objetiva los intereses generales.
La última de las andanzas de la Consejería, tiene que ver con la “privatización” de un puesto de trabajo dentro de los Centros Provinciales de Mando (CPM´s) de incendios que cada Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León cuenta en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y de plazas de en el Centro Autonómico de Mando (CAM) en Valladolid. En estos centros, personal laboral de la administración regional, lleva a cabo la atención y realización de llamadas y avisos dentro del funcionamiento del operativo contra incendios forestales y de los servicios derivados de dicha Consejería, además de recoger e introducir datos en sistemas informáticos, manejar cartografía, rellenar informes, fichas y partes relacionadas con las tareas propias de esos puestos, bajo supervisión del personal técnico que es funcionario.
Las labores antes indicadas, realizadas por personal laboral, en verano durante la época de peligro alto de los incendios forestales, estos trabajadores eran auxiliados por la figura del Técnico de Apoyo. Figura, la del técnico de apoyo, que era cubierta mediante un convenio de colaboración entra la Universidad de Valladolid (UVA) y la Consejería, con alumnos que cursan el grado de Técnico Forestal en el campus de Palencia. Este año y con motivo de la decisión unilateral de la Consejería, este servicio se dejará de prestar por parte de estos alumnos y será realizado por parte de una “empresa pública”.
¿Cuál es la diferencia entre alumnos becados y trabajadores de una “empresa pública”? La principal de ellas en la inversión, es decir, antes se invertía en la formación de unos técnicos en un sector estratégico en la comunidad autónoma, como es el forestal, mientras que ahora se invierte en un “empresa pública” (ojo, el dinero de esa empresa pública no revierte en el beneficio de la sociedad, sino en su cuenta de beneficios); antes el convenio de colaboración con la UVA, suponía para las arcas públicas aquello que se pagaba al alumno becado y la seguridad social de este, ahora con la contratación de la “empresa pública”, no supondrá lo mismo, más el pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) más el beneficio empresarial (recordamos, esta empresa es pública, que no tonta) suponiendo otro 20 % (gastos generales más beneficio), implicando entre un 35-45% más de gasto para la Consejería y mismo abono del salario al trabajador, empeorando sus condiciones laborales, pues ya es un trabajador; no son pocos los trabajadores, que derivada de su relación “ilícita” laboral en centros de la administración territorial realizando funciones de emplead@s públicos y contratados por esta empresa pública, han conseguido en los tribunales la categoría de trabajadores indefinidos no fijos, al tratarse de una relación laboral ilegal, sin necesidad de pasar por el proceso de oposición y las reglas de igualdad, capacidad y mérito para el acceso al empleo público; por último, la Consejería, conforme al actual convenio colectivo, si no realiza el convenio con la UVA, debería de haber optado por la creación de dichas plazas mediante personal laboral interino y de esta forma cubrir las necesidades de dichos centros de trabajo durante el periodo estival, pues existe bolsa en la categoría de Técnicos Forestales, datando del año 2016.
Por todo ello, desde la sección sindical de CGT en la Junta de Castilla y León, entendemos que la decisión adoptada para la cobertura de estas plazas, no es la más adecuada y por ello, no podemos dejar de defender lo público y lo común, lo que es de tod@s para que la racionalización de los servicios sea la más adecuada, en defensa de la labor de los emplead@s públicos, solicitando a la Consejería antes mencionada retome el convenio de colaboración con la UVA y si no fuera este el caso, se dote a los CPM´s y al CAM, de personal laboral de la bolsa vigente.
Desde CGT consideramos que el empleo público y de calidad es lo más importante y por ello, creemos que los trabajadores del operativo de extinción y prevención de incendios forestales de la región, perfectamente pueden dedicarse durante todo el año a las labores preventivas en nuestras masas forestales y de extinción en época estival, siendo trabajadores fijos de la administración regional, fijando población y cuidando nuestros bosques.
