Como un mal alumno, que año tras año no es capaz en invierno de aprobar las distintas asignaturas que los nueve meses de curso escolar le plantea, a la Junta de Castilla y León en Segovia, se le sigue atragantando la asignatura medioambiental y un verano más hoy primer día del mes de julio, tiene que ponerse a estudiar los tres meses de verano, con elevados esfuerzos tanto económicos como humanos pues comienza el grueso del operativo de extinción de incendios forestales en la provincia de Segovia y en todo el territorio regional, para que al final el resultado sea incierto.
Este símil estudiantil, se puede aplicar al servicio territorial de medio ambiente de Segovia y a sus gestores políticos.Servicio territorial que cada día se parece más a un desierto, desierto en el que se pueden acabar convirtiendo nuestros montes, terrenos forestales, hábitats en general de gran valor ecológico, paisajístico y de recreo, como dejemos desde la sociedad segoviana de lado a nuestros ricos ecosistemas provinciales.
Todos los veranos escuchamos en las noticas de forma reiterada que “…la Junta de Castilla y León invertirá millones de euros en la prevención y extinción de incendios forestales en la provincia”. Al final, se trata de la anterior nombrada asignatura, como no ha sido capaz la administración de llevar a cabo sus tareas durante el invierno, la prevención, en verano se deben de redoblar los esfuerzos para sofocar el incendio, la extinción que se nos avecina año tras año, incendio que solo se apaga si las condiciones meteorológicas y geográficas son las adecuadas.
Para que no se dependa de la buena suerte meteorológica, de que se termine el material combustible, es decir, que los árboles, matorrales, pastos, viviendas y demás elementos que encuentre el fuego a su paso se quemen completamente, en definitiva de la suerte en la extinción de incendios forestales, se tienen que dar las condiciones adecuadas en los montes, que solo se conseguirán si se llevan a cabo trabajos silvícolas preventivos en los periodos oportunos sobre las superficies forestales y para ello se ha de contar con recursos, tanto económicos como humanos.
Está claro que los recursos económicos los hay, voluntad política menos, porque cada año aumenta el gasto en extinción de incendios y no en prevención, por ejemplo de 2014 a 2015 este gasto aumento un 12%, de 47 a 53.3 millones de euros. El personal dedicado a estas labores en la comunidad, según el Jefe de Servicio de Defensa del Medio Natural son 4.369 personas en 2018, de las cuales solo el 56% de esas son empleados públicos, el resto de ellos pertenecen a empresas privadas del sector, sobretodo Tragsa, realizando estas labores silvícolas entre los 4 as 10 meses anuales, muchos de ellos coincidentes con los de mayor época de peligro de incendios en las masas forestales, con el riesgo añadido que ello conlleva.
Como bien se ha dicho, el tema “operativo contra incendios”, retenes forestales, daría en sí mismo para una denuncia específica en el ámbito laboral y medioambiental, empresas que realizan trabajos silvícolas en terrenos forestales y hacen uso de equipos con una elevada peligrosidad en época de máximo peligro de incendios, en verano, puesto que motosierras, desbrozadoras, astilladoras, skidders, autocargadores, tractores forestales, camiones y demás equipos mecánicos usados, pueden producir una chispa o incluso quemarse con el consiguiente daño para el medio.
No queda aquí esto, este operativo de retenes forestales, que son contratados para apagar incendios, trabajan durante su jornada laboral cortando, desbrozando, apilando ramas y en aquellos trabajos que no son realizados en invierno. Si no se produce ningún tipo de incendio o conato del mismo en las masas forestales de la provincia o comunidad, estos vuelven a sus casas con el trabajo en el cuerpo, pero si se produce un incendio, tanto en la jornada como fuera de ella, deben de acudir al mismo a sofocar las llamas, ampliando así su jornada laboral, su cansancio, con el consiguiente riesgo para la salud de estos trabajadores.
En el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, se cuentan con un número suficientes de plazas de trabajadores forestales y tractoristas, que podrían durante la temporada de invierno llevar a cabo estas labores silvícolas preventivas, sin esos enormes costes para la administración que supone la campaña de extinción de incendios y la posterior repoblación de los terrenos calcinados, en Segovia hay 15 plazas de tractoristas, de las cuales sólo 4 están ocupadas, es decir un 75 % de las plazas están vacías y en cuanto a los peones forestales hay 21 plazas de las cuales solo 3 están ocupadas , es decir un 86% libres.
Al no encontrarse estas plazas cubiertas, la administración y sus gestores, recurren a empresas privadas o “semi-públicas” para el desarrollo de los trabajos que tendrían que ser ejecutados por el empleado público, beneficiando a estas empresas privadas y perjudicando a nuestro bolsillo y a veces al medio ambiente. La empresa privada se beneficia, en algunos casos, en que solo tiene que contratar al trabajador con normalmente bajos salarios, peores condiciones laborales, pues ya está la administración para poner los tractores que realizarán las labores sobre el monte, lo que redunda en pingues beneficios para la contrata, ya que, no se tiene que preocupar ni de arreglar las averías de estos vehículos, funcionando como una empresa de trabajo temporal, pero con presupuestos de contratación más elevados.
Esta situación se encuentra agravada por la falta de convocatorias públicas en estos puestos o contrataciones provenientes de las bolsas de empleo en los mismos, hace que nuestras masas forestales estén en manos de estas empresas “semi-públicas” o privadas que buscan más que una correcta ejecución de los trabajos, simplemente la realización de los mismos, dejando en muchas ocasiones pistas forestales en malas condiciones de transitabilidad, ramera acumulada bajo los árboles, trochas y arrastraderos sin reparar una vez utilizados con el consiguiente deterioro de los mismos cuando llueve, daños sobre la regeneración de las masas arbóreas y sobre los pies no cortados, quemas bajo árboles en buen estado, pies en malas condiciones sanitarias con plagas que puede extenderse al resto de la masa, actuaciones a destiempo o no realizar las mismas sobre los medios forestales y demás daños que muchas veces, por no visibles, son dañinos para la correcta salud de estas masas.
La contratación de empleados públicos para la realización de los trabajos, conllevaría múltiples beneficios socioeconómicos, los empleados públicos son más baratos, así como para el medio rural y las masas forestales, un empleo digno y de calidad para los trabajadores forestales, que estos trabajos si sean supervisados por la administración pues al ser realizados por la misma, las condiciones en las que quedarían estos ecosistemas serían las adecuadas, al primar la calidad en la ejecución sobre la cantidad de lo ejecutado, se llevarían los trabajos en tiempo y forma, en invierno y adecuadamente, dedicando el verano para las labores exclusivas de vigilancia y control de los hábitats, así como reduciendo el presupuesto destinado a la extinción de incendios y posterior reforestación, debido a esa mejora en las masas forestales, se evitaría la despoblación rural y fijación de la población de las diversas comarcas de la provincia, pues muchas de las plazas existentes y desocupadas están repartidas por la geografía provincial, se generaría riqueza en el medio rural, al poner en valor las masas forestales de la provincia, con el continuo auge del turismo rural.