La Junta de Castilla y León aprueba la destrucción de 1.099 puestos de trabajo y se encamina hacia un modelo de empleado público arbitrario y sujeto a los poderes políticos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado las nuevas relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y concreta la reforma de la administración que comenzó en el año 2016, dando de baja 670 puestos de trabajo -1907 bajas y 1237 altas- y dejando 429 puestos de trabajo pendientes de amortización.
En total, la Junta de Castilla y León ha destruido 1.099 puestos de trabajo públicos (se puede consultar el estudio completo en CGT Segovia), entre los que se encuentran puestos de atención directa, técnicos y administrativos. Con esta aprobación, se lleva a término la política de privatizaciones de los servicios públicos, el masivo vaciado de competencias a favor de empresas privadas, fundaciones y entes públicos que integran la llamada Administración B.
Además de la destrucción de empleo público, esta reforma vacía de contenido las funciones concretas de cada funcionario, que ahora está sujeto a la discrecionalidad de puestos políticos. Al vaciar los puestos de trabajo de funciones concretas -con el pretexto de hacer una administración más flexible- la dirección política de la administración puede poner y quitar funciones y funcionarios a su gusto.
La objetividad, inamovilidad, profesionalidad e imparcialidad del funcionario público ya no es un freno ante las posibles arbitrariedades, injusticias y corrupciones en la gestión de lo público. Gestión pública que cada vez está más amenazada por los intereses privados y en la que los funcionarios estábamos siendo un contrapeso fundamental.
Desde CGT –a nivel sindical y judicial- venimos denunciando y luchando contra esta reforma que supone una gran pérdida de derechos para toda la comunidad de Castilla y León, tanto en términos de empleo como en cuanto a la sujeción de lo público a los intereses privados.