El gobierno de Zapatero avala con 89.000 millones de euros de dinero público a la banca privada

 

Arturo Inglott – Canarias Semanal

Prácticamente de puntillas han pasado los grandes medios de comunicación sobre una noticia que, de ser suficientemente conocida, debería multiplicar exponencialmente la indignación popular que en estos días recorre el Estado español.

Poco después de que PSOE y PP se pusieran de acuerdo para imponer como precepto constitucional la limitación del «déficit público», así como la prioridad del pago de la Deuda por encima de cualquier tipo de Gasto Social, ha salido a la luz pública la manera en la que el Gobierno español continúa financiando el negocio privado de los Bancos. En medio de una recesión económica que amenaza con provocar un estallido superior incluso al del año 2008, el Ejecutivo Zapatero – presuntamente preocupado por la estabilidad presupuestaria – ha hipotecado al Estado en una operación de consecuencias imprevisibles.

Mientras aumenta el peligro de que las entidades financieras colapsen, por un agravamiento de la crisis en los mercados de deuda, el Gobierno socialdemócrata está avalando a la banca privada con casi 89.000 millones de dinero público. El sector público ha avalado ya deudas de la Banca por valor de 63.800 millones de euros, pero si se incluyen todas las operaciones emitidas con garantía del Estado se estaría hablando de 88.994 millones de euros hasta el pasado 31 de julio.

Ello significa que si estos bancos llegasen a caer – como han hecho ya otros gigantes del sector – España debería correr con estas multimillonarias pérdidas. Un desastre de proporciones nunca conocida que podría desembocar en la suspensión de pagos y en el temido «rescate» con el que las Instituciones Financieras Internacionales (como el FMI o el BCE) pasan a controlar totalmente el país -ya sin los partidos políticos del sistema como intermediarios- en beneficio del Capital transnacional.

Los avales concedidos a bancos y cajas representan por el momento el 43,5% de los 146.700 millones que ha comprometido como máximo el Ministerio de Economía para sostener el negocio de los Bancos, que deben ser aprobadas por Bruselas. La última autorización fue remitida a Madrid el pasado 1 de junio y expiraría el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, nada indica que será la última.

La última misiva de la Comisión Europea admitía que la medida -que contradice flagrantemente el discurso sobre el supuesto funcionamiento autónomo de «los mercados»- se podrá mantener «mientras “mientras dure la crisis financiera mundial”.

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