Ante el galopante deterioro de los servicios públicos: estado de alarma social

 

Con la disculpa de la falsa crisis, arrecia la campaña mediática de supuestos expertos, empresarios y políticos de todos los pelajes anunciando el cataclismo: una supuesta “insostenibilidad del sistema sanitario”, mensaje muy similar al que llevan repitiendo décadas respecto a las pensiones, y que a día de hoy ha resultado ser falso.

Si fuera cierto que su obligación es velar por el interés general (l) de la población, este Gobierno ya habría decretado el estado de alarma y habría actuado contra los “mercados”, dada su responsabilidad en el deterioro de los servicios públicos:

  • El gasto total en protección social del estado español se ha mantenido históricamente muy por debajo de la media de los países de la UE-151, con el agravante de que, año tras año, el porcentaje dedicado a conciertos privados y externalizaciones (2) (tanto en sanidad como en educación) va en aumento, mientras disminuye el gasto en los centros gestión directa.

Respecto a la Ley de la Dependencia, que iba a ser la “cuarta pata del estado de bienestar”, ya nació privatizada y sigue en la práctica sin ser aplicada y con los dependientes abandonados a su suerte. En el 2011 la situación se agravará ya que los Presupuestos Generales del Estado prevén una drástica reducción del gasto público (un 7,9%).

  • El gasto público en educación (todos los niveles) como porcentaje del PIB, siempre se ha mantenido por debajo de la media de la UE-15, con el agravante de que ha ido descendiendo de forma sostenida desde 1992, mientras que la media de la UE-15 ha tenido una tendencia al alza (3). En 2011, el gasto en educación se reduce un 8,1%, lo que supone 1.800 millones menos que el año anterior, dato muy importante dada la influencia que una educación de calidad tiene en los principales indicadores de bienestar social.
  • En sanidad seguimos más de un punto respecto al PIB por debajo de la media de la UE-15, con el agravante de que al no ser su financiación finalista, cada comunidad autónoma dedica en la práctica lo que quiere, estableciéndose diferencias de hasta 560 € en el gasto por persona dependiendo de donde se viva (País Vasco: 1.564 €; Baleares:1.003 €).

Mientras:

  • Los casos de delito fiscal atascados en los tribunales sumaban ya en 2010 una deuda tributaria de más de 6.000 millones de €, cantidad similar al presupuesto anual de sanidad de una comunidad de casi 7 millones de habitantes como Madrid. El fraude fiscal supuso en el 2005 (el último año en que el Mº de Economía y Hacienda ha publicado los datos) nada menos que 88.617 millones de euros, muy superior al gasto público total en sanidad.
  • Se aprueba el rescate de las concesionarias de las autopistas (en muchos casos las mismas que las de los hospitales), que en el caso de las radiales de Madrid se concretará en una “ayudita” de 295 millones de € (cantidad similar al coste de dos hospitales de 300 camas –por ejemplo Vallecas y San Sebastián de los Reyes-). Es más, en un alarde de política socialista, el ministro de Fomento, José Blanco, ha cifrado en 1.400 millones de euros el importe «que nos va a costar a todos los españoles» (más bien a algunos), el problema que afrontan las concesionarias de autopistas en todo el estado ante la situación de quiebra en la que se encuentran.
  • Continúa el trasvase de dinero público a los responsables de la crisis, a través de la adjudicación de la explotación de hospitales modelo PFI por décadas, tanto en autonomías gobernadas por el PP como por PSOE (Son Espases, -Baleares-; Torrejón, Villaba y Móstoles –Madrid-; Vigo y Pontevedra –Galicia-), lo que conlleva paralelamente un continuo cierre de camas publicas y una reducción de la parte destinada a plantillas y pacientes.
  • Empeora el acceso a los servicios sanitarios. Las recomendaciones del Mº de Sanidad en materia de listas de espera son de siete días para una prueba diagnóstica básica, 10 días para la primera consulta con el especialista y 45 días para una intervención quirúrgica programada, pero hay pacientes que han tenido que esperar 2,5 años para cirugía (4). Estas recomendaciones no solo no se cumplen en absoluto, sino que las Comunidades Autónomas ocultan los datos e incluso alguna como Madrid, privatiza la central de llamadas de forma que una empresa privada pasa a controlar las listas de espera, hurtando su control a los propios profesionales.
  • Con la disculpa de la falsa crisis (5), arrecia la campaña mediática de supuestos expertos, empresarios y políticos de todos los pelajes anunciando el cataclismo: una supuesta “insostenibilidad del sistema sanitario”, mensaje muy similar al que llevan repitiendo décadas respecto a las pensiones, y que a día de hoy ha resultado ser falso. El objetivo es preparar a la población para introducir una nueva agresión: el pago (repago) en el momento de la utilización de la sanidad.

Los principales determinantes de salud (condiciones de vida y de trabajo, educación, vivienda, hábitos..) dependen en su mayor medida del grado de desigualdad de una sociedad6 y en mucha menor medida de las medidas parciales que desde el sistema sanitario se puedan tomar (que en muchos casos solo sirven de justificación a la Administración para hacer creer que se está actuando). Cuando la desigualdad interna de una sociedad se incrementa, y no se actúa con medidas globales para reducirla, se están sentando las bases para un rápido deterioro de los principales indicadores de bienestar social: esperanza de vida, morbilidad, mortalidad, suicidios, depresión, niveles de ansiedad, fracaso escolar, obesidad, incremento de la población reclusa, reducción de la movilidad social…

No se trata de poder viajar o no un fin de semana en avión, se trata de que se está dinamitando nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Enero 2011

Notas:

1. Gasto total en proteccion social como porcentaje del PIB de un 12,8 frente al 18,5 de media de la UE 15, que además no ha hecho mas que bajar desde 1995 (de 14,7 a 12,8). Fuente: Observatorio Social de España. Gasto Total en Protección Social como porcentaje del PIB

2. El propio Tribunal de Cuentas, en su informe de febrero de 2009, “advirtió de que las externalizaciones a lo largo de la democracia han supuesto ahorro inicial sin pérdida de calidad de servicios, pero desde el medio y largo plazo han supuesto una merma de la calidad de los servicios prestados y un aumento del coste económico que supone para la ciudadanía”.

3. Observatorio Social de España. Gasto en Educación y su relación con el PIB en España. Años 1997-2007.

4 Informe del Defensor del Pueblo 2010.

5 Las empresas del Ibex ganan un 16,7% más hasta septiembre. Han cerrado el tercer trimestre del año con un beneficio conjunto de 38.156 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,7% respecto al mismo periodo de 2009 (32.685 millones), según los datos remitidos por las 35 cotizadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

6 Un alto directivo de Telefónica cobra 103 veces más que un trabajador de su empresa

Más información en: http://www.casmadrid.org/