Castigos, aislamiento y medicación forzada: recetas recurrentes en el tratamiento de menores protegidos por la Administración

 

Menores que ingresan en centros de protección terapéuticos, bajo la protección y el cuidado de la Administración española, pueden ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos o tratamiento cruel y degradante, pueden ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin la debida diligencia y en contra de su voluntad. Estos abusos contra los derechos humanos de estos menores quedan en la mayoría de los casos invisibilizados e impunes, ya que no se realizan investigaciones imparciales e independientes. Los menores, además, son invisibles para la Administración. Estas son algunas de las conclusiones del informe, Si vuelvo, ¡me mato! Menores en centros de protección terapéuticos que Amnistía Internacional ha presentado hoy, 15 de diciembre.

“Menores que ingresan en estos centros están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables. Primero, porque nadie sabe cuántos son, y nadie sabe cuántos centros de protección terapéuticos existen. Segundo, porque tanto la Administración como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo investigaciones independientes de organizaciones que defienden los derechos humanos, e incluso de instituciones como el Defensor del Pueblo”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional ha realizado una investigación sobre la situación de los menores en centros de protección terapéuticos en tres comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña y Madrid. Entre las tres comunidades concentran el 55% de los centros que existen en España, según datos del Informe del Defensor del Pueblo, 2009. Amnistía Internacional ha documentado cómo en España en algunos centros de protección terapéuticos se vulneran normas fundamentales como el interés superior del menor, su derecho a ser escuchado y no discriminado de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por este país el 30 de noviembre de 1990, así como otras normas internacionales, entre ellas las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, e incluso, la Convención Contra la Tortura y otras formas de Castigo y Penas Crueles, inhumanas o degradantes.

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