La privatización de la sanidad atenta gravemente contra la salud y la vida

 

Comunicado ante la muerte de Dalilah, de 20 años (30/06/2009) y, dos semanas después (13/07/2009), de su bebé, Rayan

La política sanitaria de Aguirre mataLa privatización de la sanidad atenta gravemente contra la salud y la vidaTerrorífico error, no: terrorífica política sanitariaDomingo.2 de agosto de 2009

Comunicado ante la muerte de Dalilah, de 20 años (30/06/2009) y, dos semanas después (13/07/2009), de su bebé, Rayan

Las organizaciones firmantes queremos expresar nuestra más sentida condolencia y solidaridad con una familia que ya ha perdido dos de sus miembros en el Hospital Gregorio Marañón. Un hospital que, junto a otros de la red sanitaria pública madrileña, ha destacado durante años por la calidad de la asistencia prestada.

No son hechos casuales ni fortuitos y hay claros responsables: todos esos puestos de poder que nos gobiernan, nos dirigen y están destruyendo un sistema sanitario público que tan buenos resultados había venido dando.

La muerte del bebé Rayan el 13 de Julio de 2009 (prematuro de 30 semanas, ingresado en el Gregorio Marañón, hijo de Dalilah, fallecida dos semanas antes en el Gregorio Marañón por gripe A –primera víctima mortal por esta enfermedad en España-) podría parecer un desgraciado acontecimiento, pero es mucho más que eso. Es la muerte del bebé, la de su madre y las circunstancias. Ambas muertes, la del bebé de una potencia arrolladora y una angustia infinita, son ejemplos muy claros de muertes que sólo puede explicarse por problemas estructurales y organizativos. La situación previa de salud de las víctimas no permite justificar estas defunciones y las posibilidades técnicas y conocimientos actuales para sacar adelante casos de esta naturaleza son indiscutibles. De modo que, este desenlace, el más extremo dentro de la evolución de un problema de salud, la muerte de los pacientes, sólo puede explicarse por problemas estructurales y organizativos, graves problemas para los que hay claros responsables: todos esos puestos de poder que nos gobiernan, nos dirigen y están destruyendo un sistema sanitario público que tan buenos resultados había venido dando. Y lo cierto es que hay pruebas de ello, un montón de pruebas, abrumadoras y sangrantes.

La enfermera que confundió la vía de administración de alimentación, confusión que produjo el fallecimiento del bebé, no tenía ninguna experiencia en la UCI de neonatología y, sin la debida supervisión, acababa de ser ubicada por la jefatura ese mismo día, por primera vez, en esa unidad. Tenía un contrato temporal (en sus escasos dos años de vida laboral ha ido encadenando contratos temporales, hoy aquí y mañana allí). Había otras dos enfermeras en el mismo box (hasta que tuvieron que acudir para atender una urgencia, dejando sola a la primera): una de ellas con una experiencia de cinco días en la UCI de neonatos y la otra, una compañera que tan sólo había realizado dos suplencias en dicho servicio, una en Navidad y otra en Semana Santa. Una organización de recursos humanos terrorífica en una unidad altamente especializada.

El personal de Enfermería del Servicio de Neonatología, Cuidados Medios y Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón denunció hace un año a la dirección del centro los graves problemas y las carencias que tenía la unidad. Firmado por 67 trabajadoras/es, el escrito entró por registro el 30 de Junio de 2008. Habla por si solo: “Desde la responsabilidad profesional el personal de Enfermería del Servicio de Neonatología, Cuidados Medios y Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Gregorio Marañón quiere poner en conocimiento de las jefaturas y entidades a quien va dirigido este escrito los hechos que están aconteciendo en nuestra unidad y que a continuación relatamos (…) (ante los cuales, manifestamos) una gran preocupación por la calidad asistencial y la seguridad para los pacientes y sus familias”:

oY lo denunciaron: “la disminución del personal de Enfermería cualificado en la Unidad de Neonatología (y) la grave repercusión asistencial que esa falta de personal cualificado ocasiona en la unidad (…)”; la estructura arquitectónica inadecuada del servicio, lo que repercute negativamente en la calidad asistencial y en las garantías de seguridad de los pacientes; la “imposibilidad para la Docencia interna”, es decir, para la formación, siendo “absolutamente necesario que el personal que cuida a los recién nacidos de esta Unidad sea cualificado”. En la época en la que estas trabajadores remitieron el escrito esta situación deficitaria ya había conducido a situaciones de riesgo, como la de la una noche en la que (tal como relatan en el escrito) tan solo había 9 enfermeras en un evento que exigía un mínimo de 11, suponiendo que no hubiera ningún nuevo ingreso, “situación bastante improbable teniendo en cuenta la población que cubrimos”.

oY lo pidieron: “DUES con experiencia que garanticen una atención continuada de calidad; un ratio adecuado de enfermera-paciente”. Y, esperaban que “desde su profesionalidad y responsabilidad (la de la jefatura y dirección del hospital) valoren la dimensión de todo lo expuesto en este escrito, y sabrán encontrar soluciones desde la gestión”. Y así quedaron esperando. No hubo respuesta.

El escrito fue dirigido a la Jefa de unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, a la Jefa de Unidad de Enfermería de Cuidados Medios, a la Jefa de Unidad del Turno de Noche BQCR Materno-Infantil, al Jefe de Unidad del Turno de Noche BQCR Materno-Infantil, la a Jefa de Departamento BQCR Materno-Infantil, a a Subdirección de Enfermería, al Comité de Empresa (compuesto por CCOO, UGT, SATSE y SAE) y al Gerente. TANTO JEFE, TANTO CARGO DIRECTIVO NOMBRADO A DEDO, TANTO SINDICATO INSTITUCIONAL (los mismos que ahora se llevan las manos a la cabeza) TANTO PUESTO DE PODER, Y TANTO SILENCIO, TANTA INCOMPETENCIA, TANTA NEGLIGENCIA…TANTO PELIGRO, QUE NO DEBEMOS CONSENTIR.

En Enero de 2008 ya habían enviado un escrito similar y en Enero de 2009 volvieron a hacerlo. La callada por respuesta y la continuidad del plan de desmantelamiento de la sanidad pública por parte del gobierno y todos sus acólitos: recortes de presupuesto, de material, de persona, temporalidad… Caiga quien caiga… muera quien muera. Antonio Barba protagonizó en 1990 la “noche negra del Marañón”, una caótica noche en la que murieron dos pacientes en los pasillos de Urgencias. El entonces Jefe de Guardia no tuvo problema en firmar un parte judicial en el que certificaba que uno de los pacientes ingresó cadáver, cuando dicho paciente había ingresado con vida y estuvo varias horas en los pasillos sin recibir atención (Periódico Público, 18/07/2009).

No son las únicas denuncias. L@s profesionales de puestos críticos han venido denunciando que las carencias de recursos y personal ponen en riesgo la atención sanitaria (trabajadores de Urgencias de los hospitales Puerta de Hierro de Majadahonda y Ramón y Cajal, UCI y Urgencias del Hospital de Tajo, entre otros, han presentado denuncias en este sentido). Por toda la región, muchos profesionales en todos los centros se han venido manifestando contra esta situación de deterioro sostenido y planificado; l@s ciudadan@s lo han denunciado también (más de 20.000 salieron en manifestación contra la privatización por las calles de Madrid el 13 de Noviembre de 2008 y de nuevo el 5 Marzo de 2009).

No son hechos aislados. Es una terrorífica política sanitaria planificada de destrucción del sistema público para sustituirlo por un mercado salvaje donde lo que importa es sacar dinero para los accionistas privados

Lo desgraciado de estos hechos es que no son hechos aislados. Esta es la estructura que están estableciendo de modo planificado en el sistema sanitario madrileño todos estos puestos de poder, el gobierno de la Comunidad de Madrid y todos sus cargos, con la complicidad de los sindicatos institucionales, subvencionados por el gobierno, y la corresponsabilidad del Ministerio de Sanidad y el gobierno central.

Desde hace años, las autoridades sanitarias, los responsables políticos, los gestores, todos los puestos directivos, desde el primero hasta el último, por acción u omisión, han venido destruyendo el sistema sanitario público. Todos/as ellos/as han realizado, impunemente y sin remordimientos, una política sanitaria caracterizada por el desvío del dinero público hacia conciertos y demás inventos eufemísticos, hacia manos privadas, en definitiva, y por la precarización de las condiciones laborales, produciendo de manera planificada un deterioro brutal en la sanidad pública.

Desde hace años, las autoridades, tienen las instituciones sanitarias llenas de trabajadores eventuales a los que niegan la estabilidad. Más del 30% de las plantillas actuales son temporales y precarias. Y si nos referimos a los trabajadores más jóvenes, esta situación afecta prácticamente al 100%. Ya ni siquiera hacen contratos de interinidad, utilizando sistemáticamente contratos temporales con duración de meses o incluso días u horas. Esos contratos obligan al personal a estar en permanente provisionalidad en sus puestos de trabajo lo que, unido al constante cambio de lugar y/o turno dentro de un mismo centro -fundamentalmente del personal de enfermería-, para solventar la carencia manifiesta de plantillas, conduce a l@s profesionales a un importante estrés y, sin duda, a una merma en la calidad asistencial.

La población de la Comunidad de Madrid ha aumentado desde 1998 casi un 25% (más de un millón de habitantes más). El número de médic@s y enfermer@s por habitante, sin embargo, ha disminuido. La apertura en 2008 de los nuevos hospitales no supuso ni aumento de recursos ni de personal. Unos 5.000 profesionales de distintas categorías fueron “trasladados” de los antiguos hospitales a los nuevos, dejando a ambos carentes del personal suficiente. Se estima que en esos “movimientos de apertura” se eliminaron unos 2.000 puestos de trabajo.

Antonio Burgueño, Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, en referencia a la implantación del Área Única, ya indicó en Mayo de 2009 que el presupuesto de personal se va a recortar en un 15%, lo que supondrá la desaparición de 10.000 trabajador@s (Acta Sanitaria, 25/05/09). Paralelamente, el gobierno Aguirre ha adjudicado al consorcio de empresas Ribera Salud, S.A., Asisa, S.A., F.C.C. Construcción, S.A., Concessia, Cartera y Gestión de Infraestructuras, S.A. el Hospital privado de Torrejón por importe de 2.127.651.697,17 euros y un plazo de 30 años. La población de los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote (unos 131.126 habitantes en 2008), actualmente atendida por el hospital público Príncipe de Asturias, será asignada de manera obligatoria para su asistencia sanitaria al hospital privado de Torrejón.

Es de sobra conocido que la cantidad y la calidad del personal determina la calidad de la asistencia sanitaria. Y está muy bien documentado. Por ejemplo, en Gran Bretaña, donde desde la época de Thatcher se llevó a cabo un brutal proceso de privatización del sistema sanitario, ha dado tiempo a acumular muchas evidencias y diversas investigaciones lo han cuantificado: las reducciones de personal como producto de las privatizaciones han producido un aumento del 10% en la mortalidad de los recién nacidos. Drama sobre drama es que todos estos datos son de sobra conocidos por las actuales autoridades sanitarias en España. Se amparan en el desconocimiento que la mayor parte de la población tiene de ello. Desconocimiento que, en todo lo que de ellos dependa, será mantenido y potenciado.

Ellos deben dejar sus cargos. La Presidenta de la Comunidad de Madrid, los Consejeros diseñan y ordenan; los Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Servicio ejecutan, firman, vigilan; los sindicatos cobran sus subvenciones, ratifican, apoyan la implementación, ocultan la información y desmovilizan a los trabajadores.

La enfermera que atendió a Rayan y cometió el fatídico error es, probablemente, una de las personas con menor riesgo de volver a cometer un error en toda su vida profesional. Ellos/as, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Consejeros, Directores Generales, Subdirectores, Jefes de Servicio, Coordinadores, cargos políticos nombrados a dedo, encantados de estar en esos puestos de poder, responsables de la política sanitaria, no muestran la menor conciencia de culpabilidad ni la menor intención de enmienda; ellos/as dan mucho miedo y son los que deberían dejar sus cargos de inmediato.

Ante los desgraciados hechos acontecidos,

La reacción del colectivo de enfermería ha sido explosiva: concentraciones prácticamente diarias en los centros sanitarios recordando lo que llevan reclamando desde hace años (especialización, recursos suficientes y condiciones de trabajo adecuadas) y pidiendo la dimisión del gerente del Hospital Gregorio Marañón, Antonio Barba, del Consejero de Sanidad, Güemes, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Los sindicatos representados en el Comité de Empresa y en la Mesa Sectorial, CCOO, UGT, SATSE y SAE, han alzado la voz indignados. ¿INDIGNADOS? Y, ¿qué hicieron cuando recibieron esos escritos y las reiteradas denuncias por parte de las trabajadoras de enfermería de la situación de riesgo existente y la necesidad urgente de solucionarla? CALLAR Y CONSENTIR. Pero, lo peor, lo más vergonzoso es que, al mismo tiempo que se retratan ahora en la prensa, entonando la defensa de la enfermera que atendió a Rayan o denunciando al gerente, están sentados con la Consejería, apoyando y pactando la destrucción de la sanidad pública (no hay más que ver todas la Actas de la Mesa Sectorial), apoyando la inminente instauración del Área única (un paso necesario en la progresión de laprivatización y mercantilización) y pactando (pactando a cambio de sus intereses particulares, sin negociación ni por supuesto información a los trabajadores) todo lo que ésta conlleva: más recortes presupuestarios, más recortes de personal, aumento de la precariedad laboral, movilidad forzosa del personal, para que esas/os enfermeras/os y demás profesionales que “tanto les importan” puedan seguir siendo contratados cada vez en perores condiciones, contratados hoy y despedidos al terminar la jornada; ubicados hoy aquí y mañana allí, sin garantías de formación adecuada y suficiente; para que las carencias en los centros públicos sean cada vez mayores y los centros privados puedan centrarse en el negocio a cambio de una asistencia de calidad y seguridad cada vez peores, puesto que lo importante es que quede un buen margen de beneficios.

El gobierno del PP ha desplegado una estrategia indigna: el Consejero de Sanidad, Güemes, y el gerente del GM, Antonio Barba, rápidamente han entonado el “sua” culpa. Han declarado a los cuatro vientos que ha sido un problema de mala praxis de una determinada enfermera a la que “ya han apartado de su puesto de trabajo”. Por supuesto, han callado lo más importante: su responsabilidad directa, la de ellos, en todo ello: porque ellos son quienes diseñan e implementan la política sanitaria, quienes gestionan los recursos humanos, quienes deciden y autorizan que una enfermera esté en una unidad para la que no tiene formación y en una situación laboral inestable y la situación actual en la que tienen las plantillas en los centros sanitarios. ¿Y quién les aparta a ellos de sus cargos?

El Ministerio de Sanidad, el gobierno del PSOE, mira para otro lado. Bastante trabajo tiene con estar desarrollando en Cataluña la misma política privatizadora de la sanidad que el PP en Madrid (ver por ejemplo la reciente concesión del hospital de Sant Joan Despí al consorcio Sanibaix, formado por Acsa, Teyco, Emte y La Caixa).

Terrorífico error, no: terrorífica política sanitaria a la que debemos poner freno

Estas muertes eran evitables. Es inadmisible que el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid las atribuya al azar y a una concatenación de desgraciadas coincidencias: sencillamente, mienten y lo saben. Dalilah y Rayan son sólo una pequeña parte de las muertes evitables que sólo serán conocidas por sus familiares y l@s sanitari@s que les atiendan.

Llamamos a la población y a l@s trabajador@s de la sanidad a denunciar los casos de los que tengan conocimiento. La conciencia popular de la tragedia del impacto sobre la salud y la vida de las personas que causa la privatización, junto a la movilización consecuente es lo único que puede parar decisiones políticas que, con todo rigor, calificamos de criminales.

Ponemos a su disposición dos apartados de denuncias para usuarios y trabajador@s en interro_liens_callback, para que la opinión pública tenga conocimiento de las consecuencias de la falta de medios y personal.

Dimisión del gerente del Gregorio Marañón, Antonio Barba Ruiz, del Consejero de Sanidad, Güemes y de Esperanza Aguirre.

¡YA!

FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD

LA SALUD NO ES UN NEGOCIO

DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97

Madrid, 28 de julio de 2009

Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública Contra la Privatización

CAS Madrid

Plataforma Matusalénhttp://www.grupotortuga.com/La-poli…